Realidad Política y Electoral de Nicaragua

Realidad Política y Electoral de Nicaragua

Al igual que la mayor parte de la región latinoamericana, Nicaragua a través de su historia ha visto su sistema político dominado por longevas dictaduras. Durante los 45 años transcurridos entre 1934 y 1979, el poder lo ostentó la familia Somoza en persona del General Anastasio Somoza García así como sus hijos Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle. Finalmente, el régimen fue depuesto por la guerrilla sandinista, la cual estableció lo que llamó “Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional” que tuvo como coordinador al Comandante Daniel Ortega, dándole efectivamente el cargo de mandatario que luego ratificó en las elecciones de 1984 cuando se eligió formalmente Presidente, no obstante la abstención de los sectores representativos de la oposición.

Considerado formalmente una dictadura, no es sino hasta 1990, 11 años tras la caída del somocismo, que finalmente se realizan elecciones siguiendo los parámetros mínimos de transparencia y participación libre de la oposición. En esos comicios, contrario a todos los pronósticos, Violeta Barrios de Chamorro en representación de la Unidad Nacional Opositora (UNO) derrota a Ortega que buscaba continuar en el poder. Esto dio paso a la primera transmisión de mando pacífica en ese país latinoamericano en más de medio siglo. A partir de entonces, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Ortega como líder absoluto, pasó 16 años en la oposición política, siendo derrotado en las subsiguientes elecciones de 1996 por Arnoldo Alemán y 2001 por Enrique Bolaños ambos representantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En ese periodo, la polarización fue intensa y las huelgas paralizantes del país llevadas a cabo por el orteguismo fueron comunes.

Ya a finales del gobierno de Alemán, envuelto en serias acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, se efectúa un acercamiento entre este y Daniel Ortega que concretó lo que en Nicaragua es conocido como “El Pacto”.  Mediante esta alianza política supuestamente para la gobernabilidad, con más del 90% de los legisladores bajo las directrices de ambos caudillos, se acordó entre otras medidas: repartición entre sus partidarios de las posiciones en la Corte Suprema de Justicia y Consejo Electoral, representación parlamentaria para ambos ex Presidentes, aumentar el umbral requerido para la representación de otros partidos y lo más impactante de todo, reducir a 35% la votación necesaria para evadir una segunda vuelta presidencial. Dado que en las elecciones de 1990, 1996 y 2001 Ortega había recibido el 40, 37 y 42%, esto fue visto como una adecuación de umbrales al techo histórico del líder del FSLN que en caso de división entre sus adversarios, tendría asegurada la Presidencia de la República. Lo que precisamente sucedió en las elecciones de 2006 cuando tras un periodo de enfrentamientos entre el Presidente Bolaños y su antecesor por las acusaciones de corrupción, los dos sectores presentaron candidatura a aparte, regalándole la Presidencia a Ortega con 38%.

Tras década y media fuera de la Presidencia, Ortega regresó en un contexto muy distinto al que le había tocado en la década de los 80. Teniendo ahora al ALBA como fuerza regional imponente, contaba con un apoyo político y financiero que le dio mayor fortaleza. Pero a diferencia de sus aliados ideológicos, este buscó alianzas con los sectores que anteriormente le fueron antagónicos. Llamó mucho la atención el tener como Vicepresidente en ese periodo al ex somocista Jaime Morales Carazo, su acercamiento con la iglesia católica y los sectores empresariales. Más aún, siguió mayormente las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que lo posicionó como gobernante económicamente moderado.

Durante su gobierno 2007-2012, fue absuelto de todo cargo el ex Presidente Arnoldo Alemán quien se encontraba en prisión domiciliaria lo que fue visto como retribución por el pacto político que llevó a Ortega nuevamente al poder. Si bien el liberado ex mandatario y su reducido partido que maneja como propiedad se han declarado en la oposición, calificando el actual gobierno de dictadura, esto es visto con muy poca credibilidad, siendo estos catalogados por la mayoría de observadores independientes como aliados del régimen.

Si bien la Constitución de Nicaragua prohibía en su artículo 147 la reelección presidencial consecutiva, Daniel Ortega fue favorecido por decisión de las Altas Cortes (Integradas por partidarios orteguistas) que declararon inconstitucional este artículo. El razonamiento se basó en que este violentaba el principio de igualdad ante la ley dado que era discriminatorio contra el ciudadano Presidente de la República. Con esta aparente vía libre, el caudillo del FSLN se presentó nueva vez como candidato presidencial en las elecciones de 2011, enfrentándose a una oposición divida y siendo reelecto con el 62% de los votos para un nuevo periodo cinco años.

Estos comicios no fueron considerados como transparentes por la mayoría de observadores independientes tanto locales como internacionales. Tanto la Unión Europea como el Departamento de Estado de Estados Unidos resaltaron la clara parcialidad de los organismos electorales hacia el oficialismo y los obstáculos que las misiones de observación encontraron en alrededor del 20% de los centros de votación. La oposición más representativa calificó de fraudulento el proceso y Ortega ha sido catalogado de Presidente Inconstitucional también por el hecho de que no fue sino hasta 2014, ya transcurridos dos años del inicio de este segundo periodo consecutivo, que se llevó a cabo reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva por lo que este prestó juramento en 2012 sobre una Constitución que prohibía su elección.

Teniendo ahora las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, no tuvo complejos en usar esta mayoría mecánica para suprimir la oposición política restante. Es entonces que aprueba únicamente con sus Diputados una ley anti transfuguismo de amplia interpretación.

A partir de 1990, Nicaragua había tenido un sistema bipartidista en el que competían el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Tras el acuerdo entre Ortega y Alemán, más la división Alemán-Bolaños, un sector del PLC liderado por el ex Canciller Eduardo Montealegre se independiza y asume la personería jurídica del ya existente Partido Liberal Independiente (PLI) que sirve como instrumento aglutinador de segmentos opositores en 2006 y 2011, buscando serlo en 2016 nuevamente.

Sin embargo, mediante decisión de las Altas Cortes orteguistas en Junio 2016, la representación legal del partido le es arrebatada al grupo Montealegre, siendo reemplazo por Pedro Reyes quien es considerado adepto del régimen lo que dejó sin vía de participación electoral a la oposición. Por si esto fuera poco, dos meses después, aplicando la ley anti transfuguismo, el Consejo Electoral quita sus diputaciones a los asambleistas de la Alianza PLI que se negaron a reconocer al Presidente del partido impuesto por Ortega lo que constituyó a todas luces un golpe parlamentario que avanza aún más el proceso dictatorial que vive Nicaragua.

Ante esta realidad, sin oposición, con control total del Poder Legislativo y Judicial en adición al Ejecutivo, prohibiendo la observación internacional y con los órganos electorales a su merced, el caudillo sempiterno del FSLN se presenta como candidato presidencial en Nicaragua por séptima ocasión consecutiva desde 1985 habiendo allanado el camino para una concentración de poderes incluso mayor a la que tuvo cuando gobernó por la vía armada.

Dando más asidero a las teorías sobre su precario estado de salud, proclamó como compañera de boleta presidencial a su esposa Rosario Murillo lo que es visto, al mejor estilo somocista, como una manera de asegurar que el poder continúe en la familia pase lo que pase. Por ello, es muy notable que de los restantes seis comandantes sandinistas que encabezaron la revolución sandinista, solo uno lo apoya.

El domingo 6 de Noviembre, América y el Mundo serán testigos de una farsa electoral que solo servirá como coronación para quien hace tiempo que considera a Nicaragua como su dominio personal. El proceso de degeneración democrática tendrá en esa fecha una mancha indeleble que hará retroceder a ese país centroamericano y toda la región a épocas que se pensaban ya superadas. Quizá lo más trágico es la indiferencia de muchos sobre estos sucesos tan terribles. Pero como bien se dice, la libertad suele morir en medio de aplausos antes que llantos. Por ello no sorprende tanto que estemos hablando del segundo Presidente mejor valorado de América.